Admisión a trámite de la enmienda sobre la ley de nietos congreso
La Mesa de la Comisión de Educación del Congreso, donde el PSOE y Sumar cuentan con mayoría, ha decidido aceptar la tramitación de una enmienda impulsada por el grupo plurinacional destinada a blindar los derechos de nacionalización y sufragio asociados a la conocida como ley de nietos congreso. Esta decisión se ha tomado a pesar de las advertencias previas de los servicios jurídicos de la Cámara, que cuestionaron la idoneidad de incluir dicha modificación en el seno de un proyecto de ley de carácter educativo.
La iniciativa, registrada por el diputado Enrique Santiago, busca contrarrestar los efectos de las decisiones judiciales recientes y elevar a rango legal la instrucción administrativa previa. Tras un breve debate en el seno del órgano parlamentario, la medida salió adelante con los votos favorables de los partidos que sustentan al Ejecutivo, mientras que el Partido Popular mostró su frontal oposición y confirmó que presentará recursos formales contra el procedimiento. Según informaron medios como El Mundo, la calificación contó con el rechazo expreso de los representantes de la oposición en la Mesa.
El contexto político de esta tramitación se enmarca en la estrategia de los grupos del Gobierno para sortear la reciente suspensión cautelar dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Dicha medida cautelar paralizó las inscripciones en el censo electoral para los nuevos ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad por esta vía, salvo que acreditasen fehacientemente su ascendencia directa de exiliados de la Guerra Civil y la dictadura. Con esta maniobra parlamentaria, los socios de coalición pretenden dotar de cobertura legal un procedimiento que había sido cuestionado tanto por la vía judicial como por los órganos asesores del propio Parlamento.
El informe de los servicios jurídicos y la advertencia constitucional
El núcleo de la controversia parlamentaria radica en el informe emitido por el letrado Fernando Dorado, adscrito a la Comisión, en el cual se alertaba de la naturaleza de lo que en el argot parlamentario se denomina una enmienda intrusa. Los servicios jurídicos subrayaron que el texto presentado carecía de justificación inicial y mostraba una absoluta incongruencia material con el objeto y la finalidad de la reforma educativa en la que se pretendía insertar.
Mientras que el Reglamento del Congreso no contempla restricciones estrictas sobre el articulado de las enmiendas, los letrados recordaron que la doctrina del Tribunal Constitucional exige un principio de subsidiariedad y congruencia homogénea. Como detalla ABC, el órgano asesor advirtió que obviar esta conexión directa podría vulnerar el derecho de participación de los parlamentarios regulado en el artículo 23 de la Constitución. No obstante, la mayoría de la Mesa argumentó que rechazar el debate de la iniciativa equivaldría a limitar la participación ciudadana en los asuntos públicos.
Los letrados incidieron en su escrito en que no existe el mínimo punto de conexión material entre una normativa destinada a modificar la Ley de Educación de 2006 y la Ley de Mejora de las Condiciones para el Desempeño de la Docencia y una disposición adicional centrada en la Ley de Memoria Democrática. Pese a este criterio desfavorable, que no tiene carácter vinculante pero aporta un peso jurídico relevante, la Mesa despachó la admisión en una reunión extraordinariamente breve, abriendo la puerta a su posterior debate en ponencia y comisión a mediados del mes de octubre.
Reacciones políticas, el papel del Tribunal Supremo y el recurso del Partido Popular
La tramitación de esta medida en el Congreso se produce en un escenario de máxima tensión institucional. La decisión del Tribunal Supremo de suspender los efectos electorales de las nuevas inscripciones buscaba prevenir alteraciones significativas en los comicios venideros. Hasta finales de agosto, más de 600.000 solicitudes habían sido aprobadas, con una proporción muy elevada de expedientes ya inscritos en el registro consular y municipal.
Desde la bancada del Partido Popular se ha criticado duramente la decisión del Ejecutivo, calificándola de chapuza legislativa e interpretándola como un reconocimiento implícito de que la instrucción inicial del Ministerio de Justicia operaba al margen de la ley. Los populares sostienen que la norma original amplió de manera irregular los supuestos de concesión de nacionalidad más allá de lo previsto en la propia Ley de Memoria Democrática de 2022. Asimismo, Vox registró escritos de oposición y advirtió sobre las repercusiones de una nacionalización masiva en los equilibrios del censo electoral.
Tal y como recoge El Confidencial, con la calificación ya superada, el procedimiento continuará su curso parlamentario con la reunión de la ponencia prevista para las próximas semanas. En ese foro, los grupos de la oposición intentarán articular mayorías alternativas —incluyendo formaciones como Junts o UPN— para tumbar la iniciativa antes de que pueda elevarse al Pleno del Congreso para su votación definitiva.
