La segunda quincena del mes ha traído consigo un volumen notable de novedades relevantes en el ámbito tributario que afectan de manera directa a la gestión fiscal de empresas y particulares. Enmarcado dentro de la doctrina administrativa septiembre 2026, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) y la Dirección General de Tributos (DGT) han publicado un conjunto de resoluciones y criterios vinculantes que definen el marco de actuación ante inspecciones, responsabilidades solidarias, deducciones en el Impuesto sobre Sociedades y la tributación en figuras como el IRPF o el IVA. Estas directrices aportan claridad sobre cuestiones complejas, aunque también establecen limitaciones estrictas para los contribuyentes que busquen aplicar determinados beneficios o amortizaciones.
Principales resoluciones del TEAC en la segunda quincena
El Tribunal Económico-Administrativo Central ha dictado resoluciones de gran calado durante este periodo. Entre los pronunciamientos más destacados figura el relativo a la suspensión de sanciones objeto de derivación de responsabilidad. Según el criterio del organismo, los efectos de dicha suspensión no se extienden automáticamente a los restantes responsables que no hayan recurrido de forma individual la sanción, lo que obliga a cada obligado tributario a litigar por separado si desea proteger su posición jurídica.
Asimismo, el TEAC ha extendido de forma expresa al ámbito de las subvenciones el criterio relativo a la responsabilidad del representante persona física del administrador societario, homogeneizando así el rigor en las exigencias de control. En materia de procedimientos sancionadores, el tribunal ha analizado la infracción muy grave por utilización de medios fraudulentos, determinando que no basta con acreditar meramente que la llevanza incorrecta de los libros contables supera el 50% de la base de la sanción, sino que la Agencia Tributaria (AEAT) se encuentra en la obligación de justificar de manera fehaciente la elusión de tributos.
Otro de los aspectos técnicos de mayor relevancia abordados por el órgano económico-administrativo se centra en el Impuesto sobre Sociedades. El TEAC ha rechazado la deducción de la amortización correspondiente a un fondo de comercio que no se encuentre debidamente acreditado, fijando además pautas precisas sobre el tratamiento contable aplicable ante errores en ejercicios que ya han prescrito. Por último, en relación con los costes procedimentales, se ha determinado que la ausencia de devengo de intereses de demora durante la tramitación de un procedimiento amistoso no impide que se reconozcan los intereses legales vinculados al reembolso del coste del aval aportado.
Criterios de la DGT sobre IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades
Por su parte, la Dirección General de Tributos ha emitido diversas consultas vinculantes destinadas a resolver dudas operativas de los contribuyentes. En el ámbito del IRPF, la DGT se ha pronunciado sobre el tratamiento de las pérdidas patrimoniales derivadas de créditos que resultan impagados en el seno de un concurso de acreedores, así como sobre la consideración fiscal de las costas procesales obtenidas tras un litigio. Adicionalmente, se ha aclarado la determinación del empleador en supuestos de trabajadores desplazados temporalmente a territorio español cuyas retribuciones son satisfechas íntegramente por una entidad extranjera.
El sector inmobiliario y turístico también cuenta con novedades de interés derivadas de la doctrina de la DGT. En concreto, se ha detallado el tratamiento fiscal aplicable tanto en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) como en el IRPF cuando el alquiler de viviendas de uso turístico se lleva a cabo a través de una comunidad de bienes. En paralelo, para las operaciones corporativas y tecnológicas, se han fijado criterios sobre la imputación temporal en el Impuesto sobre Sociedades y el devengo del IVA en servicios continuados prestados mediante plataformas informáticas con un precio pactado de carácter semestral, así como el tratamiento contable y fiscal ante casos de apropiación indebida de fondos por parte de trabajadores.
Implicaciones prácticas para los contribuyentes
El impacto operativo de estas decisiones administrativas exige a los departamentos fiscales y a los asesores externos extremar las cautelas en la planificación contable. La mayor exigencia probatoria requerida por la AEAT en los expedientes de fraude contable y la estricta limitación en la amortización de fondos de comercio impiden aplicar criterios laxos en la confección de los estados financieros. Asimismo, las pautas sobre la responsabilidad solidaria y la necesidad de interponer recursos individuales ante sanciones derivadas reafirman la conveniencia de un seguimiento jurídico pormenorizado en cada fase del procedimiento de recaudación y comprobación.
