La petición de la Fiscalía y el origen del conflicto por una casa móvil en parcela rústica Casabermeja
Un Juzgado de la provincia malagueña investiga un asunto que ha colocado en el punto de mira los límites urbanísticos del suelo no urbanizable. Un vecino de Casabermeja se enfrenta a una solicitud de 15 meses de prisión por parte del Ministerio Fiscal, que le acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Los hechos se remontan al año 2022, cuando el investigado adquirió una finca rústica con una superficie catastral de 3.127 metros cuadrados. La controversia estalló tras la colocación en el terreno de una mobile home de segunda mano, una estructura que ha desencadenado un complejo debate jurídico sobre si su naturaleza transportable exime de la calificación de edificación fija.
Mientras la acusación pública sostiene que la instalación vulnera la normativa protectora del suelo rústico al constituir una construcción ilegal, el propietario considera que la respuesta penal es completamente desproporcionada. El caso ha ganado relevancia pública tras conocerse los detalles del procedimiento judicial, en el que se discute el alcance real de la intervención humana en fincas rústicas y el papel de las autoridades locales y de la Guardia Civil en las labores de inspección.
Los argumentos de la defensa: bien mueble frente a construcción
Frente a la tesis de la acusación, la defensa jurídica del propietario, ejercida por el despacho Miguel Ángel Escalante de Escalante & Botello Abogados, centra su estrategia en demostrar que la estructura no puede considerarse una obra civil. Según los argumentos expuestos en el procedimiento, la casa móvil en parcela rústica Casabermeja conservaba sus ruedas originales, carecía por completo de cimentación y se hallaba totalmente aislada del suelo, permitiendo su traslado en cuestión de minutos sin necesidad de vehículos especiales, tal y como reflejó un informe de la empresa suministradora.
El letrado subraya además que el bien jurídico protegido por el artículo 319 del Código Penal no sufre una afección real o relevante. En esta línea, la defensa sostiene que la finalidad de la estructura distaba mucho de un uso residencial permanente. El titular de la parcela defiende que utilizaba la mobile home exclusivamente como almacén para guardar los aperos de labranza necesarios para el mantenimiento de un pequeño huerto familiar, donde acudía ocasionalmente a pasar el tiempo libre con sus hijos, sin que conste empadronamiento alguno ni indicios de habitabilidad permanente.
Elementos previos en la finca y discrepancias sobre las actuaciones
Uno de los puntos de fricción más destacados en el sumario reside en la atribución de diversas estructuras halladas en la finca. La acusación pública apuntó inicialmente a la presencia de depósitos cilíndricos y otras instalaciones vinculadas al titular. Sin embargo, el equipo legal del investigado aportó pruebas gráficas y documentales, incluyendo grabaciones de vídeo realizadas por el propio comprador una semana antes de formalizar la adquisición de la propiedad en 2022.
En dichos registros visuales ya se apreciaban elementos como los depósitos cilíndricos, un contenedor de planta rectangular y el vallado perimetral con postes metálicos sobre zuncho de hormigón. Por este motivo, la defensa denuncia que el Ministerio Público incurre en una confusión al achacar al actual propietario obras y modificaciones ejecutadas con anterioridad por terceros, desligando a su representado de la materialización de dichos elementos estructurales previos.
La vía administrativa como alternativa al ámbito penal
Otro de los pilares de la argumentación defensiva cuestiona la idoneidad de la vía penal para resolver este tipo de controversias territoriales. Los representantes legales argumentan que, incluso en el supuesto hipotético de que la colocación de la mobile home hubiera requerido algún tipo de licencia o permiso previo, el asunto debería encauzarse estrictamente a través de los mecanismos de disciplina urbanística y expedientes administrativos, descartando de plano una pena privativa de libertad que califican de injustificada.
Asimismo, el procedimiento judicial se vio salpicado por dificultades en la notificación al investigado, cuya localización inicial en la parcela resultó infructuosa antes de ser hallado formalmente en su domicilio habitual de empadronamiento. Con todo ello, el caso continúa su curso en los tribunales a la espera de que se depuren las responsabilidades penales y se clarifique el encaje legal de las construcciones móviles en suelo no urbanizable.
