El debate sobre la retirada temporal de aceite de oliva
La campaña de la cosecha de aceite de oliva se presenta de forma muy positiva en comparación con ejercicios anteriores, lo que ha llevado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a barajar la retirada de aceite de oliva de carácter temporal. El objetivo principal de esta medida excepcional es evitar que un exceso de oferta provoque un desplome drástico de los precios que impida a los agricultores cubrir sus costes de producción en el actual contexto del sector agrario.
Según los primeros datos facilitados por el departamento que dirige Luis Planas, la produccion de aceite se situará en una media-alta de más de 1,6 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 23% frente a la campaña pasada. Al sumar el producto existente en stock en las almazaras y almacenes, el aforo total podría alcanzar los dos millones de toneladas. Ante este escenario, el Gobierno ha impulsado ante la Comisión Europea el uso del artículo 167 bis de la Organización Común de Mercado (OCM) para habilitar mecanismos de estabilidad económica.
El ministro Luis Planas ha subrayado la necesidad de actuar con prudencia y rigor técnico antes de activar cualquier medida de intervención. Las comunidades autónomas disponen de todo el mes de octubre para ajustar sus cifras oficiales de aforo, de modo que sea posible contar con un diagnóstico definitivo de la producción nacional al inicio del penúltimo mes del año.
Asimismo, desde las organizaciones agrarias se analiza con atención cómo este incremento de la oferta nacional repercutirá en los flujos comerciales internacionales y en la estabilidad general de los mercados de abasto, un factor clave para entender la dimensión de la campaña que ahora comienza a perfilarse en las distintas regiones productoras del país.
Las advertencias de la CNMC sobre el impacto en los consumidores
Frente a las intenciones del Ministerio de Agricultura, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe crítico en el que advierte que restringir la comercialización generará efectos adversos muy severos en el conjunto de la cadena de valor y, de manera directa, en el bolsillo de los ciudadanos.
El organismo regulador recuerda que esta normativa comunitaria se activa de forma automática cuando las existencias iniciales y la producción suman al menos el 120% de la media de los dos periodos más altos de comercialización de las últimas seis campañas, fijando un tope máximo de retirada del 20% de la producción estimada. No obstante, la institución alerta de que limitar la cantidad de producto disponible encarecerá los precios del aceite, deteriorará la variedad y la calidad de la oferta disponible en los lineales y perjudicará especialmente a los hogares de menor renta.
Por este motivo, la CNMC ha formulado seis recomendaciones clave dirigidas al sector productor y a las administraciones públicas. Entre ellas destacan la necesidad de justificar con datos sólidos de demanda la existencia de una sobreoferta extraordinaria, precisar metodologías que reduzcan al mínimo la restricción, limitar la medida exclusivamente a las categorías donde resulte indispensable y garantizar que el plan de control evite cualquier intercambio de información sensible entre los operadores del mercado del aceite.
Adicionalmente, el organismo de competencia insiste en la conveniencia de realizar un seguimiento detallado y transparente para evaluar de manera constante los efectos reales de la medida sobre la rentabilidad de las almazaras y el poder adquisitivo de los consumidores finales.
Los plazos y la decisión final del Gobierno
La decisión definitiva sobre si se aplicará o no esta restricción comercial todavía no está tomada en firme. El titular de Agricultura ha apelado a la prudencia y al rigor institucional, señalando que el mes de octubre está reservado para que las comunidades autónomas consoliden sus datos definitivos de aforo.
Con todos los registros sobre la mesa, será durante la primera quincena del mes de noviembre cuando la Dirección General de Producciones y Mercados emita una resolución formal por vía administrativa. El Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de ejecutar esta intervención extraordinaria o de optar por no aplicarla, tal como ocurrió en la campaña precedente, en función de cómo evolucione la situación real de los mercados agrarios y el abastecimiento general.
